En la propuesta del Ejecutivo, se establece una reducción de cuatro a ocho años de reclusión para las personas que por medios ilegales, promuevan, faciliten, induzcan, financien, participen o ayuden a la migración de personas nacionales o extranjeras desde territorio nacional hacia otros países, siempre que ello no constituya infracción más grave. Anteriormente la pena por este delito era de ocho a 12 años de cárcel.

La sanción propuesta por el Jefe de Estado también se aplicará a los encargados de la protección y custodia de los niños, niñas o adolescentes, sean estos: padre, madre, abuelos, tíos, hermanos o tutores o cualquier otra persona que faciliten, de cualquier modo, la ejecución de este ilícito.

Propone que cuando los actos de ejecución del delito de tráfico de inmigrantes produjeren la muerte, los culpables serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria de 12 a 16 años, cuando lo aprobado sancionaba con una pena de 16 a 25 años.

Con la misma pena se sancionará a los dueños de los vehículos de transporte aéreo, marítimo o terrestre y a las personas que sean parte de la tripulación o encargadas de las operaciones y conducción, cuando se estableciere su conocimiento y participación en el ilícito.

El juez competente ordenará la aprehensión e incautación inmediata del transporte clandestino utilizando, cuando accidentado el mismo, resultaren personas muertes o lesionadas, debiéndose destinar el producto del remate del mismo en la forma prevista en el artículo 186 del Código de Procedimiento Penal.

También propone la eliminación del artículo 2 del proyecto, argumentando que en el inciso del artículo 1 del mismo proyecto ya se tipifica como delito el financiamiento para migración ilegal, por lo que no se hace necesario especificarlo.